Tribuna de Opinión de El Diario Vasco.
03 de junio de 2018.- Voy a tratar un tema que, en esencia, no es nada nuevo pero sobre el que España continúa siendo reincidente año tras año y que debilita, sin duda, la percepción que se tiene sobre la salud de la democracia en un Estado de derecho.
El pasado martes día 28, la Comisión Europea publicaba el cuadro de indicadores de Justicia en la UE correspondiente a 2018 en el que hace un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE.
España, una vez más, suspende en cuanto a la percepción de independencia de sus órganos judiciales aunque, según Europa, vayamos mejorando. Un 49% de los españoles considera que el nivel de independencia judicial es "muy malo" o "bastante malo", siendo las presiones a magistrados y fiscales en el desarrollo de sus funciones, lo que más preocupa.
Desconozco los datos a nivel de Comunidad Autónoma del País Vasco, pero lo que puedo intuir es que el porcentaje de vascos que considera mejorable el nivel de la independencia judicial es similar o incluso mayor.
La publicación de este cuadro de indicadores ha coincidido en fechas con la nota divulgada el miércoles día 30 por el Consejo General del Poder Judicial que informa del acuerdo que ha adoptado su Comisión Permanente, el órgano ejecutivo del Consejo, "tras tomar conocimiento del escrito suscrito por los presidentes de dieciséis de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia dando cuenta de la negativa de algunos Secretarios de Gobierno a facilitar información sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".
El Poder Judicial considera, por tanto, que la actitud, el comportamiento y las instrucciones que pudieron impartirse desde el Ministerio de Justicia (el Ejecutivo) y que obstaculizaron el cumplimiento de los acuerdos dictados por el propio Consejo, dirigidos a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas, no contribuyen al buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
En su declaración, la comisión afirma que tales actitudes "originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento presente, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones".
Es la propia judicatura la que "siente" que por parte del poder ejecutivo hay actuaciones tendentes a menoscabar esa independencia que debía formar parte intrínseca de su ADN.
Como profesional del derecho, y como ciudadana, no puedo evitar sentir una honda preocupación ante estas circunstancias que afectan a principios democráticos y de convivencia básicos y a pilares fundamentales del derecho, en los que los jueces y juezas desempeñan un papel fundamental.
Así pues, las reivindicaciones de la judicatura van más allá de los temas meramente técnicos como la habitual demanda de mayores recursos para el sistema, sino que además, y ante todo, solicitan sea reforzada su independencia, que ni puedan tener cabida injerencias por parte del poder ejecutivo. Y es que el mero hecho de la existencia de esta solicitud, denota ya un cierto malestar al que no debiéramos restar importancia.
Cualquier país que quiera considerarse como una democracia moderna debe poner al servicio de la sociedad todas sus herramientas para evitar que, bajo ningún concepto, la percepción que sus ciudadanos tengan pueda ser la de no estar protegidos por el poder judicial y que dicho poder judicial actúe influenciado o al dictado de lo que establezca el gobierno de turno. No podemos permitirnos que se pierda el "respeto" a la autoridad que interpreta las normas y que está al servicio de la búsqueda del orden y la convivencia, aunque en muchas ocasiones podamos no estar de acuerdo con sus dictados.
Como ciudadanos debemos exigir y apoyar esa independencia, si bien, también debemos exigir que en el marco de esa independencia quienes imparten justicia lo hagan, por supuesto dentro de un marco legislativo, en base a leyes que han sido aprobadas por nuestros representantes en el Parlamento, realizando la interpretación de las leyes y de las normas en concordancia a la situación presente y al entorno en el que vivimos, cada vez más cambiante, con temas cada vez más complejos, mas mediatizados y que se deben gestionar en tiempos y en situaciones para nada estables, en que él se va a solicitar una agilidad y una profesionalidad como se nos exigen al resto de profesionales, sea del mundo de derecho, como de cualquier otra actividad.
Una Justicia real, eficaz, moderna, con medios para investigar todo lo investigable y con independencia frente a cualquier tipo de presión, es un elemento esencial para el desarrollo de un país. Es un contrapeso necesario para nuestra democracia y que la sociedad civil debe exigir de manera enérgica y sin tregua.
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