D.V. Opinión.
El 24 de febrero de 2022 será sin duda otra de esas fechas que recordaremos como clave en el devenir de este agitado siglo XXI. Al ataque a las torres gemelas, a la crisis subprime y a la reciente y todavía activa pandemia COVID-19, se suma el conflicto bélico generado por la invasión de Ucrania. Asistiremos, lo estamos haciendo ya, a una nueva crisis humanitaria en el corazón de nuestra vieja Europa que acarreará dolor y sufrimiento a miles, si no millones, de personas y volverá a poner a prueba los mecanismos de solidaridad entre nuestros países.
Y en ese contexto, otra guerra está tomando protagonismo, la guerra económica, menos sangrienta, pero de consecuencias igualmente impredecibles. De manera coordinada y en apenas una semana desde el inicio del conflicto, se han producido importantes movimientos destinados a castigar económicamente a Rusia por parte de una entente de países liderada por la Unión Europea y EEUU junto a otros países como Reino Unido, Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur e incluso Suiza. Las sanciones aplicadas y la ruptura de lazos comerciales por parte de las más relevantes multinacionales persiguen ahogar económicamente al agresor con la esperanza de impedir que la campaña militar se alargue en el tiempo y constituyen una muestra clara de rechazo de estos países a la propia invasión. Se trata, sin duda, de un posicionamiento valiente que conlleva la asunción paralela de una serie de riesgos como son tanto la pérdida de negocio general como, sobre todo, las dificultades que habrán de asumirse respecto al aprovisionamiento de materias de las que adolecemos y tenemos gran dependencia como el gas, el petróleo, y las denominadas “tierras raras”: el oro de Moscú.
A los principales factores de incertidumbre que envolvían la economía pandémica y que confluyeron a lo largo de 2021 en importantes incrementos de los precios de gas y luz, en la evolución alcista de los costes logísticos, en la consiguiente espiral inflacionista, así como en la intención de subida de tipos preanunciada por parte de los principales Bancos Centrales, se suma ahora un factor geopolítico que posiblemente convierta a la materias primas en un arma de política exterior de primer orden. Y es que, en este escenario, tanto de escasez de materias de este tipo en nuestro territorio como de la política NIMBY (“Not In My Back Yard”) seguida durante varias décadas por los países europeos de no querer prospecciones ni yacimientos mineros a las puertas de nuestras casas, hace que partamos de una situación de evidente indefensión energética que afectará ineludiblemente tanto al presente como al futuro de nuestra economía. Parce obvio que habremos de asumir unos costes y unos esfuerzos, tanto la Administración como los contribuyentes, de manera coordinada.
Esta situación de incertidumbre nos obliga a todos los actores económicos del territorio a movernos con una mayor agilidad estratégica y a combinar en nuestras agendas, más si cabe, una ejecución eficiente del día a día con medidas innovadoras que permitan un mejor posicionamiento a medio plazo del tejido empresarial. Debemos actualizar nuestra mentalidad y estimular el potencial creativo. Las claves del nuevo management imponen que empresas y Administración hayan de seguir “avanzando en la complejidad”, protegiendo de los factores de incertidumbre anteriormente descritos, con las medidas que resulten necesarias y con carácter de urgencia, al tejido industrial y económico del territorio del impacto económico inmediato. Todo ello, sin perder de vista la imperiosa necesidad estratégica continua de seguir innovando en la búsqueda de un escenario de mayor fortaleza e independencia económica futura.
En este sentido, llegan ecos sobre el contenido de la inminente publicación del libro blanco para la reforma fiscal pactada por España con la Unión Europea a cambio de las recientes ayudas otorgadas por esta última dentro de los mecanismos de recuperación de la pandemia COVID 19, que permiten entrever cierta disposición por parte del Gobierno de abordar una subida generalizada de tributos. Creo sinceramente que deberían redefinir este planteamiento, cuando menos temporalmente, para no dañar más a las empresas del territorio. Por el contrario, entendiendo la innovación como el arte de ir medio paso por delante de las necesidades tanto de los ciudadanos como de las empresas y las Administraciones, todos los actores económicos habrían de encarar la toma de decisiones inmediatas tendentes a evitar una mayor erosión de la actividad económica y de la competitividad del territorio.
Sobre la base de todo lo anteriormente apuntado y ciñéndonos al ámbito tributario no parece que el momento actual sea el más adecuado para una subida generalizada de tributos que no haría sino generar más incertidumbre a un escenario económico cuyos ritmos de crecimiento van mostrando ciertos signos de fatiga, en un escenario tan complejo como el que se nos presenta. No busquemos aquí el oro de Moscú.
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