Tribuna de Opinión. El Economista.
Recientemente he tenido oportunidad de leer diferentes informaciones sobre el reparto que se ha realizado de la donación efectuada por una fundación propiedad de un archiconocido empresario textil español que ocupa un lugar de privilegio entre las personas más ricas del mundo. Seguro que lo conocen. El montante de la donación, anunciada ya en marzo de 2017, ascendió a casi 320.000.000 de euros (sí, lo escribo así, con todos sus ceros) y su principal destino ha sido la renovación de equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer, plasmado en la adquisición de más de 290 equipos de última generación para diagnóstico y radioterapia, repartidos por todas las comunidades autónomas vía convenios.
Como no puede ser de otra manera, soy un ferviente defensor de la buena gestión del dinero público, convencido además de las bondades de una sana convivencia de lo público y privado, y me satisface que mis impuestos sean destinados, entre otras cosas, a la sanidad pública.
Pero tras las noticias de la reciente asignación de esos nuevos medios para la lucha contra el cáncer, no he podido evitar que me vinieran a la cabeza las críticas, muchas de ellas verdaderamente sonrojantes, que este asunto recibió por parte de algunos dirigentes que se llegaron a sentir "profundamente ofendidos", calificando la iniciativa como "tercermundista" y "de vergüenza ajena". Incluso diversas "asociaciones de usuarios de la sanidad pública" abogaron por rechazar la donación interponiendo el argumento de que "la financiación de la sanidad pública tiene que ser responsabilidad de la Administración Pública". ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Quizá es que alguien piensa y asume que si no hay fondos para invertir los importes deseados en las diferentes necesidades de todo tipo que nuestras sociedades tienen (o, a veces, creen tener), es fácil darle a la "maquinita del dinero", endeudarse lo que haga falta y, por arte de magia, todo se arregla. Pero esto es sencillamente imposible (si me permiten la broma, en Europa se han dado cuenta y ya no nos financian tan alegremente, ¡que malvados!).
Algún otro grupo, al que otorgo cierto ascendente en el tema, como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), opinó que "no se le puede negar a nadie que quiera apoyar la lucha contra el cáncer" y destacó que "la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no se ve afectada por que haya personas que quieran colaborar y mejorar con una propia donación". Opiniones ciertamente contrastadas.
Le he dado vueltas intentado comprender las razones de quienes propugnaban rechazar la donación y, lamentándolo mucho, tras mucho cavilar, no se me ocurre más argumento que el hecho de que estos fondos provienen de "un rico", que además tiene la desfachatez de querer desgravar por ello (del mismo modo que muchos ciudadanos más humildes hacemos cuando aportamos fondos a Médicos sin Fronteras, a Cáritas o a la propia Asociación Española contra el Cáncer, por poner unos ejemplos conocidos) y que, de paso, forma parte del contubernio liberal para justificar el modelo económico capitalista frente a otros de éxito demostrado, cuyos nombres no me vienen ahora a la cabeza. Supongo, por tanto, que algunas de las asociaciones críticas preferirán que no se mejore la sanidad pública por el regalo de los nuevos equipos donados, antes que someternos a la humillación social de aceptar fondos de origen privado.
Reitero mi alineamiento en defensa de una sanidad pública de calidad y abierta, logro social sin precedentes por el que tenemos que seguir luchando. Pero eso no es óbice para considerar el altruismo y la generosidad como perfectamente compatibles con nuestro sistema social. Las deducciones y beneficios fiscales pueden ser útiles si de lo que se trata es de incrementar la financiación de bienes públicos que ya tiene un buen nivel. Esa es el estadio que debiéramos perseguir (siempre y cuando no nos "moleste" en exceso tener una placa con el nombre de los benefactores en la puerta). La combinación de prejuicios políticos e intereses de ciertos colectivos, no siempre empujan en la dirección adecuada y, en mi humilde opinión, eso ocurre en este caso.
La colaboración entre la administración y los diferentes agentes sociales, especialmente en el ámbito científico-sanitario, debe converger para incentivar la inversión privada de las grandes compañías, acercarnos a la situación de los países más avanzados. Los propios responsables de la investigación oncológica en España y Europa, reunidos en Madrid el pasado mes de septiembre, pusieron sobre la mesa la necesidad de apostar por los planes de inversión a largo plazo y la reforma de una nueva Ley de Mecenazgo.
Quizá debiéramos reivindicar aquí y ahora la concepción más simple de la filantropía, entendida como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Hoy esto tiene su plasmación en las aportaciones que individuos, familias o empresas realizan a organizaciones sin ánimo de lucro. Dinero que hace posible que fundaciones, asociaciones o instituciones alcancen sus fines. Aportaciones bienvenidas.
Me incomoda concluir que entre nosotros hay quien se siente más satisfecho, más realizado, en definitiva, se siente mejor "si se lo confisco que si me lo dona", modelo de ordenamiento social de gran éxito en países punteros, de sobra conocidos, cuyos nombres siguen sin venirme a la cabeza, pero a los que les aseguro que no iría a tratarme una enfermedad.
