Patrik Sáenz de Buruaga Azcargorta, Abogado Asesor Fiscal de NORGESTION.
Cinco Días.- Opinión - 1/10/2019.- Urge un pacto de Estado para abordar una reforma tributaria consensuada y de calado.
En estos días de incertidumbre, en los que se debate sobre el futuro del país y se avecinan cambios a muy diferentes niveles, algo permanece constante: la política fiscal agita el debate político cuando se anuncian subidas impositivas calmándose en el momento que se proponen generosas rebajas en el pago de impuestos; generalmente, porque se omite explicar los gastos o inversiones que dejarán de financiarse por la menor recaudación.
Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez el pasado mes de mayo dentro del Programa de Estabilidad del Gobierno representaron una clara ofensiva impositiva por parte del Ejecutivo, planteando, entre otras iniciativas, la subida del IRPF a las rentas altas, el incremento del impuesto sobre sociedades a las grandes empresas, la creación del impuesto a las transacciones financieras o el tributo a las empresas tecnológicas, más conocidas estas últimas como las tasas Tobin y Google. Un conjunto de medidas que se traducen en una subida de impuestos de 5.654 millones de euros y un incremento de la recaudación de en torno a 26.000 millones, que resultarían del aumento de la presión fiscal, que pasaría del 38,9% de 2018 al 40,7% dentro de tres años. Todas estas novedades fiscales no hacen sino tratar de mitigar una de las principales debilidades que plantea el sistema tributario español: su evidente falta de recaudación. De hecho, tal es el problema recaudatorio, que si quisiera homologarse con el resto de países de la UE, España debería obtener seis puntos más de PIB por ingresos fiscales, el equivalente a unos 70.000 millones de euros. En este contexto, resulta cuanto menos sorprendente la contradicción que subyace entre la arraigada creencia social de que se pagan muchos impuestos y de que en todo caso se aporta más de lo que se recibe; y por otro lado, la tan baja recaudación existente en impuestos como el IVA, el IRPF o el impuesto sobre sociedades. ¿Cómo se llega entonces a explicar esto?
Fundamentalmente se debe a tres motivos. El primero de ellos, un sistema tributario lleno de agujeros, con multitud de exenciones y una maraña de normas tributarias que favorecen las deducciones, las desgravaciones y la creación de numerosos créditos fiscales. A fin de cuentas, se trata de una serie de tratamientos especialmente ventajosos que provocan un doble efecto negativo: minoran recaudación y a su vez generan sensación de agravio comparativo, que hace mella en quien no los disfruta. El segundo motivo no es otro que el gran mal que aqueja a nuestra economía: el fraude. Según el último barómetro fiscal publicado por el CIS, el 95% de los ciudadanos piensa que en España existe "bastante o mucho fraude fiscal". Esta opinión ha sido refrendada por diversos informes de organismos internacionales, situando a España a la cabeza en la lista de fraude en Europa con un total de 300.000 millones de euros dejados de tributar, lo que supone por cada contribuyente español una media de 2.000 euros anuales.
Si bien es cierto que el grueso del fraude fiscal proviene de los grandes patrimonios y corporaciones a través de estructuras fiscales opacas con las que reducen su factura fiscal, este también existe - y en grandes cantidades - entre profesionales y autónomos, trabajadores que cobran en negro, empresarios y ejecutivos que obtienen beneficios sin rendir cuentas al fisco o políticos que protagonizan los ya habituales escándalos de corrupción. Jon Elster (El cemento de la sociedad, 1989) señalaba que "cuanto más creamos que los demás defraudan más personas lo harán, debido al efecto de la imitación y a la sensación de impunidad". Dicha afirmación sigue hoy más vigente que nunca - y a modo de ejemplo- con la habitual pregunta ¿con o sin IVA?, muy común en reformas, talleres o servicios profesionales. Todo esto significa que, por encima de los datos económicos y las medidas tributarias que los distintos Gobiernos proponen orientadas a una mayor igualdad y progresividad fiscal, existe un grave problema de base que necesita ser resuelto mediante educación y pedagogía: la conciencia fiscal de los ciudadanos, causa intrínseca de que la lucha contra la circulación del dinero negro sea tan infructuosa.
Por último, a estos dos motivos ya expuestos hay que añadirle uno más, y es el relativo al control fiscal, donde es alarmante la falta de eficacia y eficiencia del modelo actual, al que se destinan menos medios personales y materiales que en el resto de países de la UE. Un modelo de control, que sufre de constantes injerencias políticas y económicas, y que necesita de una profunda reforma de cara a conseguir una mayor independencia y capacidad en su gestión. Urge por tanto un gran Pacto de Estado por el que se apruebe una reforma fiscal de calado, que minore la presión impositiva a cambio de eliminar bonificaciones y tratamientos diferenciados, que realice una estrategia ambiciosa de lucha contra la economía sumergida y el fraude y que promueva un cambio radical en la cultura sobre la eficiencia del gasto público.
Esta reforma fiscal debe surgir de un debate sosegado, sensato , técnicamente intachable y no sectario que revise de forma integral las grandes deficiencias que plantea nuestro sistema impositivo y que haga a los ciudadanos recuperar la confianza en que lo que pagan en tributos no solo será bien invertido, sino que está igualmente bien pagado. No se trata de un problema de impuestos, sino de lo que podemos llegar a ser y conseguir pagando y recaudando esos tributos. Ya que, tal y como invoca la placa de la Agencia Tributaria estadounidense, "los impuestos es lo que pagamos por vivir en educación". Esta sentencia se atribuye al que fuera durante 30 años juez del Tribunal Supremo de los EEUU Oliver Wendell, quien añadiría: "la alternativa, es la ley de la selva".
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